COMUNICADO

La Campaña Abolicionista “Ni una Mujer más víctima de las redes de prostitución” expresa su preocupación ante la condena mediática dirigida contra el Dr.Eugenio Raúl Zaffaroni.

Cuando los derechos y garantías duramente conseguidos, cuando el principio de inocencia –una de las bases constitucionales del derecho penal-, ceden ante una neo inquisición posmoderna en que medios de comunicación masivos y otros actores sociales y políticos presumen la culpabilidad de una persona y se convierten en fiscales y jueces que condenan sin juicio previo, se marcha en dirección a una sociedad autoritaria en la que los derechos de todas/os están en riesgo.

Estas formas de criminalización están dirigidas a instalar el miedo y la desconfianza como principales componentes de la vida en sociedad y a la represión indiscriminada como única respuesta a todos los problemas.

En este contexto, se ha planteado un debate sobre la prostitución, en el que se equipara abolicionismo a prohibicionismo y se muestra su reglamentación en calidad de “trabajo” como una salida aceptable.

Declaramos enfáticamente que ABOLICIONISMO NO ES PROHIBICIONISMO. Desde una perspectiva abolicionista, no corresponde la represión de las personas en estado de prostitución, se encuentren en la calle o en una casa. Por ello, venimos reclamando desde hace años la derogación de los Códigos Contravencionales y de Faltas que las penalizan. Criminalizar a las personas en esta situación social debería ser considerado un delito. Sólo quienes explotan la prostitución de otras personas deben ser perseguidos penalmente, incluidos los que regentean, administran o sostienen prostíbulos, bajo cualquier denominación que se presenten.

La prostitución forma parte del continuo de violencia contra las mujeres, de la misma manera que las violaciones, los golpes, los femicidios. Es un producto de la desigualdad estructural entre varones y mujeres. Recibir violencia, exponer la integridad sexual, física y psicológica, no puede ser considerado un trabajo, es decir, un bien social posible y deseable para todas las mujeres y niñas/os. Considerarla trabajo es consagrar la desigualdad de género.

Lo que se requiere del Estado son políticas públicas que otorguen a quienes se encuentren en prostitución la posibilidad de salir de esa situación: reparaciones, asistencia médica y psicológica, capacitación laboral, trabajo, salud, educación, vivienda, es decir el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales y sexuales de que han sido privadas.

Por todo ello, reclamamos el cese de la condena mediática contra el Dr. Zaffaroni, rechazamos las posiciones prohibicionistas y reglamentaristas en torno a la prostitución y abogamos por un mundo donde las desigualdades sean abolidas.